Culiacán-La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha obtenido una suspensión provisional por parte del Juez Tercero de Distrito en los amparos presentados contra la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Esta suspensión detiene el proceso sancionador en contra de la institución y ordena a las autoridades abstenerse de realizar declaraciones difamatorias o tendenciosas que perjudiquen a la Universidad.
El doctor Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS, explicó que la ASE ha intentado llevar a cabo una auditoría de los recursos propios de la Universidad, a pesar de que legalmente carece de la autoridad para hacerlo. El equipo legal de la institución ha fundamentado legalmente que la ASE no tiene atribuciones en este sentido, calificando los actos realizados como irregulares e ilegales.
La suspensión provisional también impide que se realicen declaraciones maliciosas o sesgadas en los medios de comunicación que desprestigien la honorabilidad de la Universidad. Esta medida es considerada relevante por Lizárraga Otero, ya que la justicia federal respalda las argumentaciones de la Universidad respecto a la actuación ilegal de la ASE.
Lizárraga Otero destacó la importancia de esta etapa de los juicios de amparo, ya que desde el principio se reconoce el derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La ASE busca imputar responsabilidades administrativas, e incluso penales, que ahora están suspendidas debido a la decisión del Juez.
La suspensión otorgada impide que se emitan resoluciones definitivas por parte de la ASE y la Comisión de Fiscalización hasta que se resuelvan los juicios de amparo. Aunque el procedimiento administrativo no se paraliza, las autoridades no pueden sancionar a la Universidad hasta que se agote este proceso legal.
El abogado Milton Ayala destacó la importancia de que los tribunales garanticen el respeto a la ley y eviten los actos arbitrarios por parte de las autoridades. Mientras tanto, el licenciado Ramón Bonilla Rojas señaló que estas resoluciones son fundamentales para defender la autonomía de la Universidad y determinar quién tiene la competencia para auditar sus propios recursos.
La suspensión provisional también prohíbe a la Comisión de Fiscalización y a la Auditoría realizar declaraciones sesgadas o maliciosas que puedan afectar la honorabilidad de la Universidad. Se ha comprobado que estas instituciones tienen la tendencia de hacer declaraciones que crean la percepción de corrupción e falta de transparencia en la Universidad, a pesar de que la realidad demuestra lo contrario.
Estas resoluciones judiciales fortalecen la postura de la Universidad Autónoma de Sinaloa en su enfrentamiento con las autoridades gubernamentales, que la ha llevado a ser víctima de una persecución política. La razón jurídica respalda a la Universidad, y los jueces confirman esta posición a través de sus resoluciones.